Diputados aprueban reforma a la Ley de Inversión Extranjera: militares y seguridad tendrán voz y voto en operaciones estratégicas


Ciudad de México, 28 de octubre de 2026. La Cámara de Diputados aprobó este martes las reformas a la Ley de Inversión Extranjera impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer la revisión de operaciones de capital foráneo que puedan representar riesgos para la seguridad nacional.

El dictamen fue avalado en lo general con 314 votos a favor, 117 en contra y cero abstenciones, y en lo particular con 321 a favor y 106 en contra. La mayoría oficialista (Morena, PT y PVEM) respaldó el proyecto, mientras que la oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) votó en contra. El documento fue turnado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La reforma amplía la integración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE). A partir de su entrada en vigor, los titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), Marina (Semar) y Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, tendrán voz y voto permanentes. En sesiones relacionadas con seguridad nacional también participarán, con voz pero sin voto, representantes de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Uno de los cambios centrales es la creación de un procedimiento especial de escrutinio. Se requerirá autorización previa de la CNIE cuando la inversión extranjera (directa o indirecta) pretenda superar el 49 % del capital social de una sociedad mexicana cuyos activos rebasen el umbral que determine la propia comisión, y siempre que la operación involucre sectores estratégicos. Entre estos figuran infraestructura crítica, tecnologías de doble uso (inteligencia artificial, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespaciales y de defensa), energía, minería, comunicaciones, almacenamiento de datos, seguridad alimentaria e información sensible.

La Comisión podrá autorizar la operación, condicionarla a medidas de mitigación de riesgos o rechazarla. También se contemplan facultades para ordenar la desinversión y aplicar sanciones de hasta 200 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) en casos de incumplimiento. El plazo para resolver las solicitudes se fija en torno a 45-60 días hábiles, con posibilidad de prórroga.

Desde la bancada de Morena se argumentó que la reforma no cierra las puertas a la inversión extranjera, sino que establece reglas claras para proteger la soberanía y los intereses nacionales sin renunciar a la atracción de capitales. Legisladores de oposición advirtieron, en cambio, que el nuevo filtro podría generar incertidumbre entre los inversionistas y dificultar el flujo de recursos en sectores clave.

La iniciativa había sido enviada por el Ejecutivo en agosto y ya había sido aprobada por el Senado a inicios de octubre. Con el aval de San Lázaro concluye el trámite legislativo y se espera su pronta promulgación.






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