El desalojo de Maricarmen, la anciana de 87 años, desata protestas masivas y empuja al Gobierno a congelar subidas de alquileres y prorrogar contratos hasta dos años

El desahucio forzoso de María del Carmen Abascal, conocida como Maricarmen, una mujer de 87 años con un 50% de discapacidad y movilidad reducida, del piso del barrio de Retiro (Madrid) donde residía desde 1956, ha marcado un punto de inflexión en la crisis de vivienda en España. El 23 de septiembre de 2026, agentes judiciales y policiales la sacaron en camilla tras un largo litigio, a pesar de las protestas de vecinos y activistas que intentaron impedirlo.

La empresa Urbagestión (también conocida como Urbagesa), que adquirió el edificio en 2018 tras una previa venta a Renta Corporación, había exigido una subida drástica del alquiler: de unos 500 euros mensuales (contrato de renta antigua heredado) a cifras entre 1.650 y 2.650 euros, muy por encima de la pensión de aproximadamente 1.300-1.400 euros de la anciana. Tras años de batalla judicial que llegó al Tribunal Supremo, el lanzamiento se ejecutó al cuarto intento.

Las imágenes de Maricarmen siendo trasladada en ambulancia generaron una ola de indignación. Miles de personas se movilizaron: alrededor de 25.000 según cifras oficiales el 26 de septiembre en Madrid, con acampadas en la Puerta del Sol, y protestas en otras ciudades como Barcelona, Sevilla o Valencia. Los manifestantes, organizados en gran parte por el Sindicato de Inquilinas, exigieron el fin de los desahucios sin alternativa habitacional, la regulación de los “fondos buitre”, la renovación automática de contratos y la congelación de rentas. El lema “Maricarmen somos todos” se extendió rápidamente.

Ante la presión social y política, el Gobierno de Pedro Sánchez respondió con urgencia. El Consejo de Ministros del 29 de septiembre aprobó dos reales decretos-ley de medidas urgentes en materia de vivienda. Entre las principales disposiciones figuran:

• La suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa residencial hasta el 31 de diciembre de 2030.
• La prórroga extraordinaria de hasta dos años (por periodos anuales) de los contratos de alquiler de vivienda habitual que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, siempre que el inquilino esté al corriente de pago.
• Limitaciones a las actualizaciones de renta hasta finales de 2027: congelación (0% de subida) cuando el alquiler supere el índice estatal de referencia, y un máximo del 2% en el resto de casos si no hay acuerdo entre las partes.
• Regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, restricciones a compras especulativas por fondos de inversión y medidas fiscales de apoyo a inquilinos y pequeños propietarios.

Estas normas, conocidas popularmente como el “decreto Maricarmen”, buscaban frenar la especulación y dar estabilidad a los arrendatarios en un contexto de fuerte encarecimiento de los alquileres (más del 60% en Madrid en los últimos cinco años, según datos del sector). Posteriormente, la propia empresa propietaria ofreció un acuerdo que permitió a Maricarmen regresar a su vivienda con una renta ajustada a un porcentaje de su pensión.

El caso ha puesto de relieve las tensiones del mercado inmobiliario español, marcado por la escasez de vivienda asequible, el auge de la inversión especulativa y las dificultades de colectivos vulnerables. Las movilizaciones continúan en varias ciudades, mientras el Parlamento debate la convalidación definitiva de las medidas.