EE.UU. sanciona a 21 personas y 25 empresas por nexos con el Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó el 29 de septiembre de 2026 a 21 personas y 25 empresas que identifica como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa, en particular de la facción conocida como Los Mayos o La Mayiza.

La medida apunta a desarticular una red de tráfico de drogas, lavado de dinero y corrupción que opera cerca de la frontera con Estados Unidos, especialmente en Baja California. Entre los sancionados destaca Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, a quien el Tesoro describe como el “líder indiscutible” de Los Mayos. Nacido en Anaheim, California, en 1982 y con doble nacionalidad, asumió el mando de la facción tras la detención de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada García, en julio de 2024.

También figuran miembros de su círculo cercano, líderes de células en Tijuana y Mexicali (como Juan José Ponce, “El Ruso”, y los hermanos Alfonso y René Arzate, “Aquiles” y “La Rana”), operadores financieros y personas señaladas por corrupción. Entre estas últimas está Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su hermano Luis Alfonso Torres Torres. Según la OFAC, Torres utilizó su influencia política para facilitar operaciones del cártel y protegerlo de la persecución en Mexicali y Tijuana.

Las 25 empresas designadas —hoteles, casas de cambio, gasolineras, negocios de seguridad privada, bienes raíces, entretenimiento y productos orgánicos, entre otros— habrían servido como fachadas para el lavado de dinero. La OFAC las vincula a varios de los individuos sancionados.

Las sanciones se basan en las órdenes ejecutivas 14059 (contra el tráfico de drogas ilícitas) y 13224 (contra organizaciones terroristas, tras la designación del Cártel de Sinaloa como tal). Congelan cualquier activo de los designados bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a ciudadanos y empresas de EE.UU. realizar transacciones con ellos.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó: “Ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro. El mensaje es claro: la Administración Trump identificará y desarticulará a cualquier actor del cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”.

En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda incorporó de inmediato a las 46 personas y entidades a su lista de personas bloqueadas como medida cautelar. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que algunos de los sancionados ya eran investigados por la Fiscalía General de la República.

El Departamento de Estado ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a la captura de varios de los líderes de plaza señalados.