La senadora del PAN señaló que la falta de infraestructura, las fugas, el costo de las pipas y el gasto destinado a nómina mantienen a Los Cabos ante una problemática que, dijo, debe ser atendida de manera urgente.

Durante una entrevista en el programa de radio Los Cabos a la Carta, la senadora por Baja California Sur, Susana Zatarain, cuestionó la situación que enfrenta el municipio de Los Cabos en materia de agua, infraestructura e inseguridad, y señaló que las autoridades deben dejar de normalizar la escasez y comenzar a dar resultados.

Zatarain afirmó que Baja California Sur enfrenta condiciones naturales adversas debido a su escasez de agua, pero consideró que esto no justifica las deficiencias actuales en el servicio.

“No podemos normalizar la escasez de agua, la cantidad de fugas, la falta de inversión en infraestructura para que no tengamos tantas fugas, el huachicol del agua, los tandeos, no podemos normalizarlo”.

Uno de los principales cuestionamientos de la legisladora fue el funcionamiento del organismo operador del agua en Los Cabos. De acuerdo con información que dijo haber revisado de la Auditoría Superior, señaló que 80% del presupuesto de Oomsapas se destina a nómina y gastos operativos, mientras que únicamente alrededor del 4% se dirige a inversión pública.

“¿Cómo vamos a tener la infraestructura que merecemos y necesitamos?”, cuestionó.

La senadora también criticó la falta de regulación y supervisión sobre las pipas que distribuyen agua en el municipio. Indicó que el último documento oficial que encontró sobre tarifas de pipas corresponde a 2022 y señaló como incongruente que en un dictamen aparezca un costo de alrededor de 18.50 pesos por metro cúbico.

“Están diciendo que la pipa de agua entera cuesta 185 pesos. Yo le pregunto a toda la gente que nos está escuchando, ¿le venden una pipa de agua entera en 185 pesos?”, expresó.

Asimismo, aseguró que las autoridades deben reforzar la vigilancia para garantizar que el agua transportada por las pipas provenga de fuentes legales y cumpla con condiciones adecuadas de calidad.

Zatarain también hizo referencia a la falta de drenaje en sectores de Cabo San Lucas, particularmente en zonas como Gastélum y parte de Mesa Colorada, situación que, dijo, impide aprovechar el agua mediante procesos de tratamiento y reutilización.

En este sentido, sostuvo que el problema del agua no puede reducirse únicamente a la falta de agua potable, sino que involucra toda una cadena de deficiencias de infraestructura.

“Los Cabos no es un municipio que esté pasando algo excepcional. Esto ha pasado en miles de ciudades del mundo y lo han resuelto de forma más sostenible”, afirmó.

La legisladora también relacionó la problemática de infraestructura con el desarrollo económico de Baja California Sur. Señaló que la falta de agua, electricidad e infraestructura puede convertirse en un obstáculo para atraer nuevas inversiones y mantener el crecimiento turístico de Los Cabos.

En otro tema, Zatarain cuestionó la situación de inseguridad en Baja California Sur y sostuvo que existe una percepción creciente de inseguridad que también tiene consecuencias económicas.

“Dejen de maquillarnos los números del tema de inseguridad”, manifestó durante la entrevista, al considerar que la situación debe ser reconocida para poder atenderse.

Finalmente, la senadora adelantó que durante la discusión del próximo paquete económico federal buscará defender los intereses de los habitantes de Baja California Sur.

“Yo voy a defender el bolsillo de los sudcalifornianos. No voy a permitir que nos sigan aumentando impuestos o, por lo menos, voy a votar en contra”, señaló.

Zatarain también afirmó que vigilará la aplicación de los recursos públicos y aseguró que continuará señalando las deficiencias que, desde su perspectiva, afectan al estado.

Durante la entrevista, además, cuestionó los resultados educativos de México en la prueba PISA y calificó como preocupantes los resultados obtenidos en matemáticas, ciencias y lectura.

“Es alarmante qué futuro vamos a tener”, expresó la senadora, quien responsabilizó al gobierno federal por las deficiencias del sistema educativo, al tiempo que reconoció el trabajo de los maestros.