Plantea la diputada Gabriela Montoya que familias no se queden sin agua por falta de pago

Con el objetivo de fortalecer el derecho humano al agua y armonizar la legislación estatal con la nueva Ley General de Aguas impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la diputada Gabriela Montoya Terrazas presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas de Baja California Sur.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora explicó que la propuesta responde a una realidad que viven miles de familias sudcalifornianas, particularmente en municipios como Los Cabos, donde persisten problemas de escasez, tandeos y largos periodos sin acceso regular al agua potable.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que los organismos operadores no podrán suspender totalmente el suministro de agua potable y saneamiento por falta de pago, garantizando al menos una cantidad mínima para el consumo humano básico.

“Podemos hablar de reglas administrativas o de cobranza, pero jamás podemos perder de vista que el agua es indispensable para cocinar, asearse, cuidar la salud y vivir con dignidad. El acceso al agua no puede convertirse en un privilegio para quien puede pagar y una condena para quien atraviesa dificultades económicas”, expresó Montoya Terrazas desde tribuna.

La diputada señaló que la propuesta también busca reconocer legalmente los sistemas comunitarios de agua y saneamiento en aquellas zonas donde no existe cobertura de organismos operadores municipales, permitiendo fortalecer modelos de organización social que actualmente ya funcionan en distintas comunidades del estado.

Asimismo, la iniciativa incorpora mecanismos de captación de agua pluvial para consumo doméstico, fortalece la participación ciudadana en la gestión del agua y plantea la capacitación y profesionalización del personal de los organismos operadores para mejorar la eficiencia en la prestación del servicio.

Montoya Terrazas destacó que esta armonización deriva de la nueva Ley General de Aguas presentada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual establece la obligación para que las entidades federativas adecuen sus marcos normativos.

“Esta iniciativa no resolverá por sí sola todos los retos hídricos de Baja California Sur, pero sí representa un paso firme para construir un marco legal más justo, más humano y más cercano a las necesidades de nuestra gente”, sostuvo.

Finalmente, la legisladora afirmó que legislar sobre el agua significa legislar sobre salud, bienestar, desarrollo y dignidad, al señalar que el objetivo es construir un estado donde el acceso al agua deje de ser incertidumbre y se convierta en una garantía para todas y todos.