Rendición de cuentas, una exigencia social: Lupita Saldaña

26 de Junio de 2016.- La rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos es permanente. Se trata de una tarea en la que participa la sociedad y el gobierno, que exige preparación y compromiso por ambas partes a fin de que los procedimientos rindan frutos, que puedan medirse y calificarse cumpliendo con la Ley. Por tal motivo implementamos por primera ocasión un programa constante de capacitación a lo largo de éste primer semestre del año en los cinco Municipios, así lo declaró la Diputada por el Distrito VIII Guadalupe Saldaña Cisneros; presidenta de la Comisión de Vigilancia del Órgano de Fiscalización Superior.

A unos días de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso local,  la diputada Saldaña dijo que su comisión logró atender al 100 por ciento la cobertura en materia de capacitación en los cinco municipios y en los organismos descentralizados. Explicó que la información existente en el Congreso del Estado señala que más del 60 por ciento de los entes fiscalizados no ha acreditado su cuenta pública en los últimos cinco años, razón por la cual se actuó con acciones preventivas para dotar de herramientas técnicas a dichos entes y que les permita ejercer los recursos de manera responsable y apegados a la normatividad.

Lupita Saldaña se refirió a las recientes reuniones de trabajo sostenidas con las contralorías y oficialías de los 5 Municipios, así como de organismos descentralizados, para que dispongan mayor atención en el puntual cumplimiento de la Ley de Adquisiciones y la Ley de Contabilidad Gubernamental. Explicó que la primera de ellas obliga revisar los programas y presupuestos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como formular las observaciones y recomendaciones; mismas que deben someterse a análisis trimestralmente y presentar el informe de la conclusión de los casos dictaminados. La segunda, referente a la contabilidad gubernamental, es la que sustenta los sistemas contables que se utilizan para el registro de las transacciones que llevan a cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos eventos económicos identificables y cuantificables que  afectan los bienes e inversiones, la obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la administración de los recursos públicos.

Saldaña Cisneros dijo que ambas leyes son de observancia general y que la reciente capacitación le permitirá a las y los funcionarios desempeñar mejor su trabajo, entendiendo que los recursos públicos pueden y deben estar al alcance ciudadano en términos de transparencia, asimismo se ha reiterado la importancia de enseñar y fundamentar en la ley, que cualquier recurso público, sin importar el área o el fin que tiene, debe estar sujeto a la normatividad y cumplir con los requerimientos, aún y cuando se traten de recursos materiales o asistenciales y que estos procedimientos para fiscalizar a todas y cada una de las entidades gubernamentales; además de ser obligatoria, en el mediano y largo plazo genera certidumbre a la sociedad de la aplicación de sus recursos.