Nunca ha sido dotada de recursos la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico

9 de Junio de 2016.-  El  Congreso del Estado acordó exhortar al Gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis para que en uso de sus facultades destine una partida presupuestal para que sea destinada a la Comisión de Conciliación y Arbitraje Médico de Baja California Sur, toda vez que desde el año de 2007 cuando fue aprobada su creación no ha contado con los recursos necesarios para su operación y cumplimiento de las funciones encomendadas por Ley.

Presentado como punto de acuerdo por la Diputada Patricia Ramírez Gutiérrez a nombre de  la Fracción Parlamentaria del PRI y respaldado por la totalidad de la XIV Legislatura, el documento presentado al pleno señala que desde que fue creada esta instancia a nivel estatal nunca ha sido dotada de recursos para su funcionamiento, lo que aseguró, ha impedido que esta Comisión estatal se coordine con la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, destacando que Baja California Sur es una de las cinco entidades federativas en el país que no cuenta con este organismo, “y que de hacerlo estará atendiendo las legítimas demandas de las y los usuarios, para que en lo sucesivo los servicios médicos funcionen con mayor calidad y eficiencia”.

En tribuna apoyaron la propuesta la Diputada Guadalupe Saldaña Cisneros y el Diputado Venustiano Pérez Sánchez quienes coincidieron en la necesidad de que en sudcalifornia funcione esta instancia para beneficio de personas que tengan la presunción de un error médico.

Recordó que fue en el mes de agosto de 2006 cuando el Congreso del Estado votó a favor de la conformación de la Comisión de Conciliación y Arbitraje México, para que entrara en vigor el 1 de enero de 2007, reiterando que hasta la fecha no tiene una partida presupuestal que debió haber sido otorgada.

Ramírez Gutiérrez dijo que es necesario reconocer que el compromiso con la sociedad “no solamente debe dirigirse a dirimir objetiva e imparcialmente las controversias que puedan suscitarse entre los profesionales de la salud y sus pacientes, sino que el abordaje de estos conflictos por las vías e instancias mencionadas, deben de impactar positivamente en la mejora de la práctica médica pública y privada en el Estado de Baja California Sur”.